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ADESA demanda acciones para eliminar violencia obstétrica en el país.

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Santo Domingo, D.N- Alrededor de 18.3% y 75.1% de mujeres sufren violencia obstétrica, según estudios que buscan analizar esta mala práctica, que aumenta de manera silente y exponencial en centros de salud públicos y privados del país. La reflexión sobre el tema que afecta en gran manera y del que es trascedente hablar surge en el marco del mes de noviembre donde se celebra la erradicación de la violencia en todas sus formas.


La violencia obstétrica hace referencia a la práctica abusiva en la atención médica que ejercen los profesionales de la salud a las mujeres en estado de gestación, labor de parto y puerperio. Entre las formas más frecuentes de este tipo de maltrato se citan las cesáreas injustificadas, los partos inducidos, intervenciones sin consentimiento y la retención de la madre o recién nacido por falta de pago.


El tema fue objeto de análisis durante el Panel sobre Violencia Obstétrica organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), donde también se resaltó que la problemática abarca el abuso psicológico que experimentan las pacientes, como comentarios deshonrosos, despectivos, autoritarios, entre otros que provoquen en la mujer un sentimiento de discriminación o inferioridad. En ese sentido, ADESA demandó medidas concreta para primero reducir y luego erradicar la violencia obstétrica en todas sus formas.


El Panel también trasmitido a través de redes sociales, contó con la participación de la Dra. Jenny García, medica Ginecóbstetra, entrenamiento parto respetado, y Consultora Internacional Certificada en lactancia materna; además de la Dra. Lilliam Fondeur, medica Ginecóbstetra, experta en infertilidad y la Dra. Gloria Ortega Rojos, epidemióloga clínica, enfermera matrona, especialista en Políticas públicas de Igualdad.

La violencia obstétrica parte de una conducta de médicos ginecólogos y obstetras, así como del personal de enfermería trasgreden los derechos humanos de las embarazadas, la madre, e incluso el recién nacido, bajo el entendido de que la salud sexual y reproductiva constituyen derechos inalienables de los derechos humanos.


Desde ADESA puntualizaron que en el caso de la República Dominicana aún no existe un marco legal que tipifique o sancione a los profesionales y personal médico que incurren en este tipo de violencia ni medidas preventivas que contribuyan a reducirlo.


FUENTE: ADESA

 
 
 

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